Análisis de la doctrina judicial sobre despidos colectivos

enero de 2013   Sara Pose Vidal

Introducción

El diseño de un nuevo marco regulador, sustantivo y procesal, para las decisiones extintivas de carácter colectivo fundadas en causas económicas, ha sido una de las principales novedades introducidas por la reforma laboral de 2012, a través de la Ley 3/2012 de 6 de julio, complementada en esta materia por el Real Decreto 1483/2012 de 29 de octubre, abandonándose el cauce tradicional de autorización administrativa de los expedientes de regulación de empleo y pasando a residenciar en la jurisdicción social la competencia para conocer de las impugnaciones frente a las decisiones empresariales en esta materia, y ello a través de un nuevo procedimiento regulado por el artículo 124 de la nueva Ley reguladora de la jurisdicción social, cuya puesta en práctica ya ha comenzado a dar sus primeros frutos, poniendo de manifiesto que nos hallamos ante un proceso extremadamente complejo y en el que el control "formal" está alcanzando cotas preocupantes, y, por otra, que la nueva regulación legal ha abierto la puerta a un incremento desmesurado de la litigiosidad, habida cuenta que bajo la vigencia de la normativa procesal previa eran escasos los procedimientos de impugnación de un ERE ante la jurisdicción contencioso-administrativa, mientras que ahora la impugnación está servida en los casos de finalización sin acuerdo del período de consultas.

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