Medidas urgentes para fomento del crecimiento empresarial y de la contratación laboral

junio de 2013

Como es sabido, la reforma laboral de 2012, articulada primero a través del Real Decreto Ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma laboral, y, luego, mediante la Ley de 6 de julio, del mismo título y número, que sustituyó al anterior, completada con el Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre, afectó de manera profunda al régimen jurídico del despido colectivo en aspectos tan importantes como la definición de las causas que lo legitiman, la supresión del requisito de la autorización administrativa previa, y el reconocimiento de la facultad que asiste a las Administraciones Públicas para utilizar este mecanismo de flexibilidad externa, así como el establecimiento, en ese mismo ámbito, de una regulación específica en determinados puntos.

Estas modificaciones sustantivas estuvieron acompañadas por la implementación de una modalidad procesal específica para canalizar las acciones colectivas frente a la decisión empresarial, cuyo conocimiento, en la instancia, corresponde a las Salas de lo Social de los TSJ y a la Sala de lo Social de la AN, que en el último año han dictado más de 80 resoluciones sobre esta materia; y, en vía de recurso de casación ordinario, a la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, que, reunida en Sala General, emitió el pasado 20 de marzo su primera sentencia.

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