Cesión ilegal de trabajadores y hechos probados

martes 12 de mayo de 2015
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Tribunal Supremo, Sala de lo Social. Sentencia de 21 de octubre de 2014, recurso número 1692/2013.

Hechos. Empresa pública adjudicó servicio a empresa privada según los términos descritos en el pliego de condiciones técnicas. Así, con objeto de cumplir el encargo la empresa adjudicataria contrató a nueve trabajadoras.

Posteriormente, la empresa concesionaria comunica a la empresa privada la adjudicación del mencionado servicio a otra empresa, luego debía cesar en la prestación del servicio. Y como consecuencia de ello, la empresa procede a la extinción de los contratos de las nueve trabajadoras, al amparo del artículo 52.c) del Estatuto de los Trabajadores.

Ante la decisión empresarial, las trabajadoras impugnan judicialmente su despido demandando a la empresa privada como a la pública al considerar que había habido cesión ilegal en su contratación y demandan a la nueva empresa adjudicataria, por entender que estaba obligada a subrogarse en sus contratos de trabajo y no haciéndolo supondría despido improcedente.

El Juzgado de lo Social no aprecia cesión ilegal ni sucesión de empresas, en cambio el Tribunal Superior de Justicia estima que ha existido cesión ilegal y condena solidariamente a las empresas pública y privada.

La empresa concesionaria interpone recurso de casación alegando infracción del artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores, contrata legal, y rechazando que se haya producido cesión ilegal del artículo 43 del Estatuto de los Trabajadores.

La Sala confirma la sentencia recurrida puesto que en dicha sentencia constan como hechos probados relativos a la alegada cesión ilegal de trabajadores, entre otros, algunos muy significativos en cuanto al papel de la empresa concesionaria en relación con el desarrollo en la práctica del servicio que dice concederse, de tal entidad son:

  • Determinar los horarios de apertura y cierre del servicio.
  • Retirar las tarjetas de identificación de las trabajadoras por cuestiones de imagen decididas unilateralmente por la empresa pública. Ello implica los despidos por la concesionaria, al ser imposible trabajar en el recinto aeroportuario sin dicha identificación.
  • Establecer los uniformes de las trabajadoras de la adjudicataria, uniformes que deberían llevar visible el logotipo de la empresa pública, al mismo tiempo que impedía a la empresa privada. identificarse en modo alguno o realizar publicidad.
  • Establecer el perfil de los trabajadores de adjudicataria, el nivel de conocimiento de idiomas exigible, incluso la posibilidad de que la concesionaria comprobase ese nivel de conocimiento de idiomas en el personal de la adjudicataria.
  • Establecer minuciosamente la forma de prestar el servicio (recogida de enseres, de los ejemplares de prensa, frecuencia de la limpieza de las instalaciones, etcétera...).
  • Establecer los medios materiales a aportar por la adjudicataria, que son de poca importancia en relación con los medios materiales aportados por la concesionaria.

Por ende, confirma la conclusión del Tribunal Superior de Justicia que entiende que, la empresa adjudicataria pese a ser una empresa real no ha puesto su organización y sus facultades de gestión empresarial en la prestación del servicio que le fue adjudicado por la empresa pública. Y en este punto, aun siendo una empresa real y reconociéndosele en el pliego de prescripciones la facultad de dirección, organización y control del servicio, así como la facultad disciplinaria respecto a sus trabajadores, dicho reconocimiento es meramente formal por lo que no impide apreciar la existencia cesión ilegal de trabajadores.


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