Competencia Objetiva: tener personal de la Administración en varias ciudades extranjeras no da la competencia a la AN

jueves 27 de abril de 2017

STS (Sala de lo Social, Sección 1ª), núm. 274/2017, de 30 de marzo, rcud. 41/2016. (JUR/2017/86636). Ponente: Jesús Gullón Rodríguez.

El recurso pretende que se determine cuál es el órgano jurisdiccional social competente para conocer una demanda de conflicto colectivo sobre modificación sustancial de condiciones de trabajo que afecta al personal laboral del Ministerio de Asuntos Exteriores de Bélgica.

UGT presentó demanda ante la AN al entender que, dado que los trabajadores afectados prestan sus servicios en distintas ciudades de Bélgica, dicha circunstancia se puede equiparar a la descrita en el art. 8.1 LRJS, cuando establece que la Sala de lo Social de la AN conocerá de los procesos referidos en el art. 2, letras f) a i), cuando estos extiendan sus efectos a un ámbito territorial superior al de una Comunidad Autónoma.

Sin embargo, el TS no puede más que estar de acuerdo con la excepción de falta de competencia objetiva declarada por la AN, en tanto que el artículo correcto aplicable es el 10.1 in fine LRJS, que contempla el caso concreto de la demanda: «En las demandas contra las Administraciones públicas empleadoras será juzgado competente el del lugar de prestación de los servicios o el del domicilio del demandante, a elección de éste; salvo para los trabajadores que presten servicios en el extranjero, en que será juzgado competente el del domicilio de la Administración pública demandada». Por lo tanto, el juzgado competente será el de lo Social de Madrid, y no la AN, ya que los efectos de las disposiciones extienden sus efectos dentro del territorio español, pero no más allá de sus fronteras.

Así lo entendió también la STS (Sala de lo Social, Sección 1ª), núm. 1082/2016, de 20 de diciembre, rcud. 19/2016. (RJ/2017/213) en un conflicto idéntico pero respecto de trabajadores del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de Argentina, donde además entiende que «Ni siquiera es necesario establecer un rango de norma general y específica (...) pues ninguna equiparación es posible entre distintas Comunidades Autónomas y distintos núcleos de población en el extranjero. Pero si extrajéramos el conflicto de su ámbito extravagante en el sentido de ajeno a los límites fronterizos, nos encontraríamos empleando las categorías de general y especial, con lo que el artículo 10.1 in fine prevalecería sobre el 8.1, ambos de la LRJS».

Finalmente, en este sentido conviene recordar lo que dijo el TS en Sentencia de 20 abril 2015 - rec. 100/2014 (RJ/2015/2811) - respecto de la competencia del TSJ en un conflicto colectivo de una empresa establecida solo en una Comunidad Autónoma española, pero con delegaciones internacionales, donde determinó que las normas procesales determinan la competencia judicial en función del ámbito territorial del conflicto colectivo dentro de las fronteras españolas.

Por todo ello desestima el recurso de casación y confirma la falta de competencia objetiva de la AN.


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