Conciliación de la vida familiar y laboral. La nulidad ante la improcedencia del despido

martes 24 de marzo de 2015

Tribunal Supremo, Sala de lo Social. Sentencia de 20 de enero de 2015, recurso número 2415/2013.

Hechos. La actora trabajaba para la Junta de Extremadura con un contrato laboral por obra y servicio determinado. La fecha de finalización del contrato estaba prevista para el 31/12/2008, pero fue prorrogado sucesivamente.

A partir del 26/09/2011 la trabajadora disfrutaba de una reducción de jornada del 50% por guarda de menor.

Posteriormente, el 13/12/2011 se le comunica la extinción del contrato de trabajo con efecto desde el 31/12/2011.

La actora impugna el despido solicitando su nulidad y subsidiariamente su improcedencia al amparo del artículo 55.5 b) del Estatuto de los Trabajadores. El Juzgado de lo Social estima la demanda y califica el cese como despido improcedente.

La cuestión que resuelve la Sala de lo Social versa sobre si la extinción debió calificarse como despido nulo al tratarse de una trabajadora que se encontraba en las circunstancias del artículo 55.5 b) del Estatuto de los Trabajadores, es decir, conciliando vida familiar y laboral.

La Sala expone que son objeto de especial protección las circunstancias contempladas en el artículo 55.5 b) del Estatuto de los Trabajadores. Si una trabajadora se encuentra en tales circunstancias podrá ver extinguido su contrato de trabajo por justa causa debidamente acreditada y comunicada. Pero si tal causa no existe o no se acredita, el despido no puede ser declarado procedente ni improcedente. Necesariamente, debe ser declarado nulo, pues debe tener un efecto tutelar superior al del despido improcedente.

Es por ello, que el Juzgado de lo Social tenía dos opciones en el presente caso, no siendo pertinente la dictada.

  1. Si el Tribunal consideraba que no se trataba de un despido sino de una correcta finalización de un contrato temporal debería haber declarado procedente la extinción contractual.
  2. Si, por el contrario, tal y como entendió en el presente caso, consideraba que no había quedado acreditada tal causa de extinción, y en aplicación del art. 55.5 b) del Estatuto de los Trabajadores, no debió declarar la extinción como despido improcedente sino como despido nulo.

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