Derecho del personal laboral docente e investigador de la Universidad, a percibir cantidades previas a la Ley General de Presupuestos

jueves 02 de junio de 2016

Tribunal Supremo, Sala de lo Social. Sentencia de 4 de Mayo de 2016, recurso número: 87/2015. Ponente: FERNANDO SALINAS MOLINA.

Conflicto colectivo promovido por sindicatos y que pretendía:

  1. que, en función de lo establecido en los Convenios Colectivos de aplicación, la estructura salarial y retribuciones a percibir por los trabajadores para el año 2013, debían ser las mismas que venían percibiendo hasta entonces y que, en consecuencia, se dejase sin efecto la reducción salarial efectuada;
  2. subsidiariamente, y para el supuesto de no aceptarse la anulación en los términos expuestos, declarar que, la reducción salarial realmente practicada, se había realizado al margen de las previsiones establecidas en la Ley 2/2012;
  3. subsidiariamente, que se dejase sin efecto la reducción en los términos expresados, aplicando la misma, no sobre las mensualidades ya vencidas, sino exclusivamente sobre las pendientes a partir del 1 de marzo de 2013, fecha de entrada en vigor de la Ley 2/2013, declarando el derecho del personal afectado por el conflicto a percibir las cantidades correspondientes a los servicios efectivamente prestados con carácter previo a la entrada en vigor de la referida ley presupuestaria en los importes que a cada uno corresponda.

En instancia única, la Sala de lo Social del TSJ dictó sentencia estimando parcialmente la demanda, y declarando el derecho del personal laboral docente e investigador dependiente de la Universidad, a percibir las cantidades correspondientes a los servicios efectivamente prestados con carácter previo a la entrada en vigor de la Ley General de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Galicia, en proporción al importe que correspondía por el porcentaje reducido para cada trabajador afectado por el conflicto, durante el año 2013.

Contra la referida sentencia se interpuso por la Universidad demandada recurso de casación.

La Sala resume y reitera la doctrina que informa estos asuntos:

  1. la actual situación de crisis económica- financiera, uno de cuyos ingredientes es el elevado déficit público, integra el "caso de extraordinaria y urgente necesidad" que ha habilitado al Gobierno de la Nación para dictar disposiciones, como el RD-L 8/2010, para la reducción de las retribuciones o demás percepciones de los empleados públicos, en cuanto que las mismas inciden directamente en el montante de dicho déficit;
  2. esas disposiciones no contienen una regulación de carácter general sobre el derecho a la negociación colectiva, ni afectan tampoco a la fuerza vinculante "propia" de los convenios colectivos, que es la fuerza vinculante de una fuente del derecho subordinada a las disposiciones con rango o fuerza de ley;
  3. en particular, son ajustadas a la Constitución las limitaciones presupuestarias de la negociación colectiva en el sector público, sobre todo, desde el RD-L 8/2011;
  4. del artículo 37.1 CE ""no emana ni deriva la supuesta intangibilidad o inalterabilidad del convenio colectivo frente a la norma legal, incluso aunque se trate de una norma sobrevenida"; y
  5. tampoco existe infracción del artículo 14 CE por parte del RD-L 8/2010, teniendo en cuenta que no consta discriminación de grupos o clases de trabajadores al servicio de la administración.
  6. Acerca de la retroactividad del RD Ley 20/2012 en cuanto que acordaba la supresión de la paga extra de diciembre de 2012, aun cuando su entrada en vigor se había producido el 15 de julio de 2012 y lo ha hecho, entre otras, en sentencia de 4 de mayo de 2015, recurso 127/2014 , en la que se contiene el siguiente razonamiento:
    ...no sea indiferente el momento de aprobación de la citada medida, como sí lo podría ser en el caso de las leyes a que alude el recurrente. Por ello es completamente irrelevante constatar que estas leyes se aprobaron en tres meses pues de ello no se puede deducir, ni mucho menos, que no existiera en el caso de autos la "extraordinaria y urgente necesidad" exigida en el art. 86.1 CE para la adopción de Decretos-leyes

La Sala desestimó el recurso planteado por la universidad y confirmó la sentencia del TSJ.


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