Indicios razonables de transgresión de la buena fe contractual: despido disciplinario procedente

martes 21 de junio de 2016
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Sentencia 227/2016 del Juzgado de lo Social núm. 3 de Tarragona, de 27 mayo. Procedimiento 63/2016. Ponente: FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ ICART.

La Sentencia declara procedente el despido de un trabajador por el robo de dinero a un compañero. Estos hechos que se desprenden de «circunstancias indiciarias suficientes» y comportan una falta grave por deslealtad y quebranto de la buena fe.

El despido se produce después de que un empleado pusiera en conocimiento de la empresa que le han desaparecido 250 euros de la cartera y que cree que ha sido un compañero al que el día anterior le había pedido prestados 20 euros. Explica que el dinero se encontraba dentro de su cartera y ésta dentro de su coche, el cual estaba en el parking de la empresa. Ante estos hechos la empresa abre un expediente disciplinario donde el trabajador alega que no robó ese dinero, sino que observó que la ventana del coche de su compañero estaba abierta y, después de comentárselo, cogió las llaves del coche de la taquilla de aquel y bajó a cerrarlo. La otra parte desmiente el relato y pide visionar las cámaras, para la cual procede a interponer denuncia ante los Mossos d’Esquadra.

Del visionado de las cintas se desprende que el trabajador denunciado deja su puesto de trabajo para bajar al parking, meterse en el coche del compañero y volver luego a su puesto. Unas horas después, vuelve a bajar al parking – esta vez a su coche –, dejando algo dentro y marchándose a continuación.

Finalmente, el trabajador es despedido por «apropiarse de dinero (250 euros) de un compañero, procediendo previamente a abrir la taquilla de dicho compañero, cogiendo las llaves de su coche, para después dirigirse al mismo procediendo a coger el mencionado dinero de la cartera que está dentro del coche».

Interpuesta la demanda, las cuestiones examinadas por el Juzgado son fundamentalmente dos:

  1. Alegación de prueba ilícita. Esta primera y previa cuestión incidental tiene ahora solución aplicando el art. 90 LRJS, en donde el actor alega que no ha prestado consentimiento para que grabaran su imagen mientras que, por otro lado, la empresa sostiene que las cámaras siempre han estado ahí destinadas a la seguridad del centro, que los trabajadores tenían conocimiento de su existencia y que estas enfocan zonas comunes.

    Oídas a las partes, el Juez realiza el test de proporcionalidad siguiendo la doctrina constitucional vigente, que sostiene que ningún derecho empresarial puede lesionar un derecho fundamental, pero ello no significa que estos derechos sean absolutos, pues podrán ceder ante otros intereses relevantes. Por todo ello, queda acreditado que las cámaras eran conocidas y aceptadas por los trabajadores, que estaban adecuadamente instaladas enfocando al parking, que la grabación no ha sido manipulada y, por último, que la reciente STC núm. 39/2016 de 3 marzo (RTC 201639) «avala que los empresarios instalen cámaras de seguridad sin necesidad del consentimiento de los empleados, siempre que su finalidad sea el control del cumplimiento de la ejecución del trabajo, guardando en su adopción y aplicación la consideración debida a su dignidad».

    Lo único que la LRJS no aclara respecto del incidente de ilicitud, y que tampoco lo hace la doctrina, es si este debe resolverse en sentencia o de forma oral en el acto de la vista. En este caso, del examen de las alegaciones el «Juzgador considera admisible la reproducción de la imagen solicitada» y pasa a analizar el fondo del asunto.

  2. La transgresión de la buena fe contractual. De las imágenes visionadas el Juzgado entiende que no se puede saber con exactitud la cantidad que se sustrae de la cartera del trabajador, pues en la grabación no se ve. Sin embargo, es claro que se ha cometido una falta grave del Convenio aplicable (fraude, deslealtad, abuso de confianza, robo, hurto o malversación cometido dentro de los locales de la empresa) y concluye que ha habido transgresión de la buena fe contractual.

    Lo importante, dice, no es la cuantía sustraída, ya que no es un ilícito penal ante lo que nos hallamos, «sino la infracción de los deberes básicos del contrato de trabajo tradicionalmente basado en la confianza recíproca que manifiestamente desaparece cuando el trabajador se apodera ilícitamente del dinero (…)».

    Es decir, que la relevante conclusión a la que llega el Juez es que la relación de trabajo se basa en una confianza mutua entre las partes, la cual se pierde ante los hechos acontecidos, los cuales, si bien no se pueden probar con rotunda certeza por no apreciarse con claridad diáfana en la cinta, sí cabe entender que existen indicios razonables suficientes para declarar la procedencia del despido.


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