La «Implantación Suficiente» de la representación sindical y su legitimación en el despido colectivo

martes 13 de septiembre de 2016

Tribunal Supremo (Sala de lo Social), Sentencia núm. 688/2016 de 20 julio (RJ 2016/3570). Recurso de casación para la unificación de doctrina núm. 323/2014. Ponente: Ángel Blasco Pellicer

Este Recurso de Casación se presenta contra la SAN 16 de mayo de 2014 (AS 2014, 1071), la cual resolvió sobre el despido colectivo acordado por la entidad PANRICO y derivado del acuerdo alcanzado durante el período de consultas. La Confederación Agroalimentaria de CC.OO. y Confederación General del Trabajo (CGT) presentaron demandas impugnatorias de dicho despido colectivo, las cuales se tramitaron conjuntamente y en las que se suplicaba se declarase el despido nulo por dos razones: 1) vulneración de derechos fundamentales, especialmente por violación del derecho a la huelga; y 2) por razones de legalidad ordinaria.

La AN dictó sentencia, por un lado, estimando parcialmente la demanda de CC.OO. y declarando las extinciones no ajustadas a derecho; y por otro entendiendo que el sindicato CGT no estaba legitimado para Impugnar la decisión empresarial de despido colectivo objeto de este procedimiento, desestimando por ello su demanda.

Esto último así lo entendió y razonó aduciendo que «el principio de correspondencia no es aplicable para la impugnación de despidos colectivos, exigiéndose, a efectos de poder impugnar un despido colectivo, a la representación sindical acreditar "implantación suficiente" y un acreditado interés directo en el caso concreto. La Sala (…) entiende que el sindicato CGT no tiene implantación suficiente al ostentar un 1,92% del total de representantes unitarios. Dicha sentencia establece la "implantación suficiente" en el 7,69% de los representantes, que es el porcentaje necesario para poder ocupar uno de los 13 puestos, número máximo de miembros que integran la comisión representativa de los trabajadores para el periodo de consultas, de suerte que no es posible reconocer implantación suficiente a un sindicato que carece de representación en la Comisión Negociadora».

La legitimación activa de los representantes sindicales en los procesos de despido colectivo del artículo 124 LRJS se concede cuando estos tengan implantación suficiente. El problema es que la norma no dice qué debe entenderse por implantación suficiente, y para la AN esta vendría dada por la participación o no de la representación sindical en la comisión negociadora del período de consultas del propio despido colectivo.

Sin embargo, el TS discrepa de esta consideración y recuerda que la doctrina científica dice que la implantación suficiente debe ser entendida acudiendo a la legitimación de las propias secciones sindicales para interponer conflictos colectivos y que el artículo 124 LRJS «no puede ser Interpretado al margen de otras normas procesales cuya Integración sistemática es Ineludible» (SSTS de 28 de enero de 2015 - recs. 16 (RJ 2015, 632) y 35/2014, cuyo fallo se opone a la SAN).

Las normas procesales a tener en cuenta para explicar dicho conceptos son:

  • El mencionado artículo 124 LRJS.
  • El art. 17.2 LRJS, que dice que los sindicatos tendrán legitimación para la defensa de los Intereses económicos y sociales que le son propios y estarán cuando tengan implantación suficiente en el ámbito del conflicto y siempre que exista un vínculo entre dicho sindicato y el objeto del pleito (p. ej.: STS de 23 de febrero de 2015; RJ 2015, 1012; rec. 255/2013).
  • El art. 155 LRJS, donde dice que los sindicatos representativos podrán personarse como partes en el proceso, aun cuando no lo hayan promovido, siempre que su ámbito de actuación se corresponda o sea más amplio que el del conflicto. Lo cual coincide con «el artículo 13 de la LEC, supletoriamente aplicable, que permite que "mientras se encuentre pendiente un proceso, podrá ser admitido como demandante o demandado quien acredite tener Interés directo y legítimo en el resultado del pleito". Éstos serían, por tanto, el interviniente litisconsorcial y el adhesivo que, sin haber iniciado el pleito, pueden luego entrar en él siempre que no haya concluido y que su intervención no incurra, como sin duda es el caso pues nadie alega cualquiera de estas circunstancias, en manifiesto abuso de derecho o entrañe fraude de ley o procesal».

Por lo tanto, el TS al recordar esta doctrina defiende que «el legislador tiene una actitud "proactiva" respecto a la Intervención procesal de los sindicatos, cuando de Intereses colectivos se trata, para favorecer el cumplimiento de su función constitucional». Así, recuerda que el citado art. 124 LRJS solamente se refiere al "empresario demandado" y que, cuando el período de consultas termina con acuerdo, "también deberá demandarse a los firmantes del mismo" lo cual no puede significar una prohibición de que otros sindicatos no firmantes del acuerdo pero con implantación en el ámbito del conflicto colectivo pueden personarse, bien como demandantes bien como demandados, por aplicación analógica del art. 155 LRJS.

Por todo ello el TS «no comparte el criterio de la sentencia de instancia según el que la legitimación suficiente se lograría cuando el sindicato acreditase un porcentaje de representantes unitarios en el ámbito de la medida impugnada que le permitiese ocupar uno de los trece puestos de la comisión negociadora. Tal criterio no puede ser aplicado con carácter general pues, como se ha dicho, ello supondría una prohibición de que otros sindicatos no partícipes de las consultas pero con implantación en el ámbito del conflicto colectivo pudieran personarse».


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