La indemnización del indefinido-no fijo en la Administración por amortización de vacantes

martes 18 de abril de 2017
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STS (Sala de lo Social, Pleno), núm. 257/2017, de 28 de marzo, rcud. 1664/2015. (JUR/2017/81512). Ponente: José Manuel López García de la Serrana.

La trabajadora demandante había prestado servicios para la Administración como personal laboral indefinido no fijo hasta que su plaza fue sacada a concurso-oposición. Este hecho se le notificó y, aunque dijo querer participar en el concurso, después no se presentó al mismo. Su plaza fue cubierta por una tercera persona y a ella se le comunicó la finalización del contrato, extinción dictaminada como válida en instancia y confirmada en Suplicación donde, además, se le reconoce la indemnización del 53.b) ET para los contratos indefinidos.

La actora plantea dos cuestiones en casación, pero en ninguna de ellas existe contradicción. Por su parte, el Abogado del Estado plantea si la cuantía de la indemnización se debe fijar según el art. 49.1.c) ET en 8 días por año de servicio o de conformidad con el 53.b) ET en 20 días por año de servicio. La sentencia de contraste, aportada y admitida por el TS, establece la aplicación del art. 49.1.c) entendiendo el Abogado del Estado lo contrario pues «Sostiene así que la indemnización prevista en la letra c) para la finalización de los contratos temporales para obra o servicio determinado o por circunstancias de la producción no es extensible a otros supuestos, como es el caso de la cobertura de la plaza en los casos de los trabajadores indefinidos no fijos de las Administraciones Públicas. Pero a renglón seguido plantea que la indemnización por fin del contrato debería ser de ocho días y no de veinte, como señala la sentencia recurrida».

Para dar solución a la cuestión planteada la Sala recuerda la doctrina sentada por la misma en relación al cese del personal indefinido no fijo de la Administración en el supuesto específico de amortización de las vacantes y «afirma que, tras la entrada en vigor de la Disp. Ad. 20ª ET, había que entender que el sistema legal de amortización de puestos de trabajo en las Administraciones Públicas debía sujetarse a lo dispuesto en los arts. 51 y 52 ET, de manera que no resultaba ajustado a derecho proceder a la simple y automática amortización de los puestos de trabajo sin indemnización» ya que estamos ante «un supuesto de extinción del vínculo que no puede ser calificado de despido, sino de cese acaecido como consecuencia de la producción de la causa válidamente consignada en el contrato, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1 b) ET.» Y es que «la calificación de contrato indefinido no fijo comporta la previa existencia de irregularidades en el desarrollo temporal de ese vínculo con la Administración, en la que a pesar de esas irregularidades no cabe alcanzar la condición de fijo, como ocurriría en la empresa privada, por las razones relacionadas con los principios de acceso a puestos públicos…»

Ya en una cuestión prejudicial española planteada al TJUE se dijo que «los denominados trabajadores indefinidos no fijos se hallan incluidos en el marco de la Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada» por lo que, con base en ello y todo lo anterior, cabe «fijar un nuevo criterio cuantitativo con base en las siguientes razones»:

  1. Aunque el indefinido no fijo fue una figura inicialmente de creación jurisprudencial ahora ya se recoge en el Estatuto Básico del Empleado Público (RDL 5/2015, de 30 de octubre), en donde se diferencia claramente a los fijos indefinidos de los temporales.
  2. Que aunque el origen de esta figura se debe a un uso abusivo en la contratación temporal en la empresa privada, en donde dichos contratos devienen fijos, debemos entender que en la Administración «no puede imponerse esa novación sancionadora de la relación jurídica, por cuanto se facilitaría, igualmente, un acceso fraudulento a un empleo público, al eludirse la aplicación de las normas que velan por el acceso a esos puestos funcionariales y laborales, mediante concursos públicos en los que se respeten los principios de igualdad, mérito y capacidad».
  3. Por ello, al no ser esta figura ni la de un indefinido ni la de un temporal, la indemnización a fijar es dudosa, pero «parece insuficiente la que hasta ahora le hemos venido reconociendo con base en el art. 49-1-c) del ET, pues, dadas las causas que han motivado la creación de esta institución, parece necesario reforzar la cuantía de la indemnización y reconocer una superior a la establecida para la terminación de los contratos temporales, pues el vacío normativo al respecto no justifica, sin más, la equiparación del trabajador indefinido-no fijo a temporal como hemos venido haciendo».

Y es por lo anteriormente reseñado que el TS entiende que debe acogerse «la indemnización de veinte días por año de servicio, con límite de doce mensualidades, que establece el artículo 53.1-b) del ET en relación a los apartados c) y e) del artículo 52 del mismo texto legal para los supuestos de extinciones contractuales por causas objetivas. La equiparación no se hace porque la situación sea encajable exactamente en alguno de los supuestos de extinción contractual que el referido artículo 52 ET contempla, por cuanto que ese encaje sería complejo, sino porque en definitiva la extinción aquí contemplada podría ser asimilable a las que el legislador considera como circunstancias objetivas que permiten la extinción indemnizada del contrato».


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