La legitimación activa de la TGSS en el procedimiento de oficio del 148.d) LRJS

jueves 20 de abril de 2017

STS (Sala de lo Social, Sección 1ª), núm. 183/2017, de 7 de marzo, rcud. 3476/2015. (JUR/2017/69858). Ponente: José Luis Gilolmo López.

Las sanciones impuestas por la Autoridad Laboral en materias de cotización y gestión recaudatoria siguen siendo recurrible en el orden contencioso-administrativo por lo que, cuando para pronunciarse el Contencioso sobre la sanción impuesta se debe dirimir la naturaleza jurídica de la relación laboral objeto de la inspección, se deberá promover una cuestión prejudicial ante el orden social para que sea este quien determine si existe o no relación laboral.

Para ello, la Autoridad Laboral seguirá el cauce del art. 148.d) LRJS y promoverá el procedimiento de oficio ante el orden social. Sin embargo, si es la Inspección de Trabajo la que, como en el presente caso, ha levantado el acta de infracción impugnada, ¿tiene legitimación activa la TGSS para promover el procedimiento de oficio mencionado?

La sentencia de contraste aportada, a diferencia de lo considerado por la instancia y la suplicación del presente supuesto, sí consideró que la TGSS podía considerarse a todos los efectos Autoridad Laboral y, por ello, estaba legitimada.

Y lo mismo ha opinado ahora el TS, al entender que «La literalidad del precepto y su contexto son lo suficientemente expresivas de que la legitimación para promover la demanda en el procedimiento de oficio que prevé el artículo 148 d) LRJS le corresponde, sin dudas, al órgano llamado a resolver el expediente administrativo sancionador y, en principio, no al instructor que, según el tenor literal del precepto transcrito "podrá proponer", pero no formalizar la demanda (...) nos encontramos en presencia de una acta de infracción que se ha levantado por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social por falta de alta y cotización a la seguridad social, cuyos tipos infractores se encuentran en el artículo 22.2 LISOS (...), la imposición de estas sanciones corresponderá a la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social, quien, por tanto, estaba legitimada para interponer la demanda rectora de las presentes actuaciones».

Y es que se viene entendiendo (entre otras, STS de 3 de marzo de 2004, recud. 4683/2002) que la Autoridad Laboral «es el órgano administrativo encargado de ejercer la potestad sancionadora puesto que su objeto se circunscribe a determinar si ha existido o no una relación laboral, y tal decisión tiene como efecto único determinar el alcance de las obligaciones de alta, cotización y liquidación y así establecer el presupuesto de la imposición de la sanción». De manera que «siendo la imposición de sanciones una potestad que corresponde a la autoridad laboral, es ésta -la que debe imponer la sanción- la que ostenta la legitimación».

Y dos más son los razonamientos que refuerzan dicha conclusión:

  1. Que ya el mismo art. 148.d) in fine dice que «La sentencia firme se comunicará a la autoridad laboral y vinculará en los extremos en ella resueltos a la autoridad laboral y a los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa ante los que se impugne el acta de infracción o de liquidación». Por lo tanto, califica de autoridad laboral al órgano resolutor, que es quien realmente puede imponer la sanción.
  2. Y lo mismo es predicable de la demanda iniciadora del procedimiento de oficio, la cual se presenta: o bien cuando termina la fase instructora; o bien después de un recurso de alzada. En este último caso «la autoridad laboral tendría que ser necesariamente el órgano resolutor y no el instructor que ya habría finalizado su labor».

Por todo ello el TS casa y anula la sentencia del TSJ, determina la legitimación activa de la TGSS al considerarla autoridad laboral a todos los efectos del art. 148.d) LRJS y anula la sentencia de instancia, mandando a reponer las actuaciones al momento anterior a dictar sentencia para que se pronuncie sobre el fondo.


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