Nuevo pronunciamiento del TS sobre la ultraactividad de los convenios

jueves 07 de mayo de 2015

Tribunal Supremo, Sala de lo Social. Sentencia de 17 de marzo de 2015, recurso número 233/2013.

La cuestión que se plantea al Tribunal Supremo versa sobre la continuación en ultraactividad de un convenio colectivo que ha sido suscrito y publicado con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 3/2012. El convenio fue denunciado con anterioridad a la entrada en vigor de dicha Ley y, a fecha de 8 de julio de 2013 no se había alcanzado acuerdo. El convenio colectivo contiene una cláusula en la que se dispone que "denunciado el convenio colectivo y finalizado el periodo de vigencia restante, o el de cualquiera de sus prórrogas, permanecerán vigentes las cláusulas normativas del convenio hasta tanto no se produzca la entrada en vigor del convenio que haya de sustituir al presente".

En contra de la continuación en ultraactividad del convenio colectivo, expone la parte recurrente los siguientes motivos:

  • Infracción del artículo 86.3 del Estatuto de los Trabajadores, en relación con la Disposición Transitoria Cuarta de la Ley 3/2012.
  • Infracción del artículo 86.3 del Estatuto de los Trabajadores, en relación con la Disposición Transitoria Cuarta de la Ley 3/2012 y el artículo 1.3 del Convenio Colectivo.

Infracciones cometidas en cuanto a que el artículo 86.3 del Estatuto de los Trabajadores establece que "Transcurrido un año desde la denuncia del convenio colectivo sin que se haya acordado un nuevo convenio o dictado un laudo arbitral, aquél perderá, salvo pacto en contrario, vigencia y se aplicará, si lo hubiere, el convenio colectivo de ámbito superior que fuera de aplicación." Y el mismo debe interpretarse en el sentido en que el pacto tiene que alcanzarse una vez vencido el convenio colectivo.

Así argumenta que de estimarse la continuidad en ultraactividad del convenio colectivo se desatendería a la finalidad de la reforma laboral en cuanto a la limitación introducida en dicha ultraactividad.

El Tribunal Supremo resuelve la cuestión sobre la base de los argumentos siguientes:

El artículo 3.1 del Código Civil en relación al artículo 86.3 del Estatuto. Las normas se interpretan según el sentido de sus palabras, y en tal sentido, indica la Sala que, el artículo 86.3 del Estatuto de los Trabajadores se limita a disponer que ante un pacto en contrario, aunque haya transcurrido un año de la denuncia del convenio, éste no pierde vigencia.

El principio jurídico "donde la ley no distingue no hay que distinguir". La norma no ha establecido especificación alguna en relación al “pacto en contrario” y la suscripción del mismo. Por ende, la Sala expone que prima la aplicación de lo acordado en convenio colectivo. Y ante un pacto expreso contenido en el Convenio Colectivo, como el del supuesto, debe prevalecer la primacía de la autonomía de las partes expresada en la negociación colectiva.

Los Convenios de la OIT y la regulación de la Unión Europea, de donde se extrae la preferencia aplicativa de los convenios colectivos. La Sala destaca el Convenio 98 de la OIT así como el artículo sexto de la Carta Social Europea.

El artículo 37 de la Constitución Española, donde se reconoce la fuerza vinculante de los convenios, en relación al pronunciamiento del Tribunal Constitucional en su sentencia de 30 de abril de 1985, rec. 58/1985.

La voluntad inequívoca de las partes firmantes del Convenio Colectivo en cuanto a que el mismo mantuviera su vigencia a pesar de haber sido denunciado. Tal y como se recoge en el artículo 1.3 del Convenio Colectivo.

La Disposición Transitoria Cuarta de la Ley 3/2012, en cuanto preceptúa la vigencia de los convenios denunciados a la fecha de entrada en vigor de la citada Ley. Entiende la Sala que tal contenido no es impedimento, pues no altera las reglas contenidas en el artículo 86 del Estatuto de los Trabajadores.

Y en último lugar, la Sala valora la exposición de motivos de la Ley 3/2013 y la pretensión de evitar la "petrificación" de los convenios colectivos con la reforma. En primer lugar dilucida que una exposición de motivos no es una norma, en segundo lugar, que es intención del legislador favorecer la negociación colectiva y no el vacío regulacional y en tercer lugar, que la citada "petrificación" puede evitarse acudiendo al "descuelgue".

Por lo expuesto, concluye la Sala que «si un convenio colectivo, suscrito con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 3/2012, contiene una cláusula que prevea que una vez finalizado el período de vigencia y denunciado el convenio, permanecerán vigentes las cláusulas normativas hasta que se produzca la entrada en vigor de un nuevo convenio que haya de sustituirle, tal cláusula es el “pacto en contrario” al que se refiere el último párrafo del apartado 3 del artículo 86 ET».


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