Procedimiento social. La previsión del artículo 71 de la LRJS

martes 29 de septiembre de 2015

Tribunal Supremo, Sala de lo Social. Sentencia de 15 de septiembre de 2015, recurso número 3477/2014.

Hechos. La trabajadora prestaba servicios para una empresa como ayudante chacinera. En el año 2004 fue diagnosticada de síndrome de túnel carpiano derecho, causando el 19 de marzo de 2007 baja en la empresa.

Finalmente, por resolución del INSS de 16 de enero de 2009 se declaró a la trabajadora afecta de una invalidez permanente total para su profesión habitual, derivada de enfermedad profesional con derecho a percibir una pensión del 75% de la base reguladora de 1.193,78 euros mensuales con efectos de 29 de septiembre de 2008, declarando responsable de la prestación a la Mutua.

Tras el requerimiento efectuado por la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) el 15 de abril de 2009, se procedió por la Mutua, en fecha 28 de mayo de 2009, al ingreso del capital coste de renta requerido.

El 30 de julio de 2013 la Mutua formula solicitud al INSS, solicitando que se declare la responsabilidad del pago de las prestaciones reconocidas corresponde exclusivamente al INSS, exonerando a la Mutua de toda responsabilidad y que proceda el reintegro a la Mutua por el INSS y la TGSS del importe ingresado por la Mutua por el capital coste de renta.

El 16 de septiembre de 2013, el INSS se desestima la solicitud, alegando la caducidad de la acción y la no procedencia de la revisión de un acto administrativo firme.

La cuestión que se plantea al Tribunal Supremo en el recurso de casación para la unificación de doctrina formulado por el INSS, consiste en determinar si la no impugnación de una resolución del INSS en el plazo previsto por el artículo 71.2 de la LRJS, impide que la Mutua Patronal a la que por aquella decisión se le imputó responsabilidad en el abono de una prestación derivada de enfermedad profesional (EP), pueda reclamar posteriormente en vía judicial frente a aquella imputación antes de que haya prescrito el derecho sustantivo.

El Tribunal Supremo responde en base a su doctrina emanada en las sentencias de 15 de junio de 2015 (rcud 2766/2014) y 15 de junio de 2015 (rcud 2648/2014), donde establece que:

El defectuoso agotamiento de la vía administrativa previa en materia de prestaciones de Seguridad Social, por inobservancia del plazo de treinta días que establece el artículo 71.2 de la LRJS, no afecta al derecho material controvertido y no supone prescripción alguna, sino que únicamente comporta la caducidad en la instancia y la correlativa pérdida del trámite, por lo que tal defecto no resulta obstáculo para el nuevo ejercicio de la acción, siempre que la misma no estuviese ya afectada por el instituto de las referidas prescripción o caducidad.

Y evoca, la unánime doctrina jurisprudencial, que desde la sentencia de 7 de octubre de 1974, dictada en interés de ley, entendió que la indicada caducidad limita sus efectos a cerrar un procedimiento individualmente considerado y no afecta a las acciones para reivindicar los derechos de Seguridad Social objeto del expediente "caducado", que pueden promoverse de nuevo en cualquier momento siempre que la acción no haya decaído por el transcurso del tiempo, puesto que resulta inadmisible que el incumplimiento de un plazo preprocesal puedan comportar la pérdida de acción para hacer valer un derecho sustantivo cuya prescripción se determina por años.

Doctrina que se ha consolidado en el artículo 71.4 de la LRJS.


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