Puntos más relevantes de la sentencia del Tribunal Constitucional que avala la Reforma Laboral

jueves 05 de febrero de 2015
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El Constitucional resuelve el recurso interpuesto por diversos Grupos Parlamentarios contra la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, rehusando los razonamientos en que sustentan las vulneraciones constitucionales.

Contrato de trabajo por tiempo indefinido de apoyo a los emprendedores

La cuestión planteada en primer lugar, versa sobre el “Contrato de trabajo por tiempo indefinido de apoyo a los emprendedores”, resuelta ya por la STC 119/2014, de 16 de julio. El TC establece que dado el carácter excepcional y temporal de la medida, el alcance limitado (aplicación en empresas de pequeñas dimensiones) y la finalidad de la misma consistente en la fomentación de la contratación y el empleo, no se aprecia vulneración del artículo 37.1, 35.1, 24.1 y 14 de la CE.

Modificación sustancial de condiciones de trabajo

El TC se pronuncia sobre la “Modificación sustancial de condiciones de trabajo”, tras el reproche de constitucionalidad sobre la facultad de modificación atribuida al empresario respecto a las modificaciones colectivas de las condiciones de trabajo (artículo 41 ET). Pues bien, siendo claro que la medida legal cuestionada incide en el derecho constitucional contemplado en el artículo 37.1 CE, la misma guarda proporcionalidad con el fin pretendido. Argumenta el TC que evita “la destrucción del puesto de trabajo mediante su adaptación a las concretas circunstancias que atraviese la empresa”, “no se advierte que se haya producido(…) un sacrificio patentemente innecesario de los derechos que la Constitución garantiza" y que de su aplicación se deducen “más ventajas para el derecho al trabajo que perjuicios para el derecho a la negociación colectiva”. Igualmente, no aprecia vulneración del artículo 24.1 de la CE.

Negociación colectiva

Sigue el pronunciamiento sobre la “Negociación colectiva”. La nueva redacción del artículo 82.3 ET que regula el procedimiento de inaplicación en la empresa de condiciones de trabajo pactadas en convenio colectivo (“descuelgue”). Resuelto ya por la STC 119/2014, de 16 de julio. Se apunta que tal medida tiende a un fin constitucionalmente legítimo al ser dictada dentro de un contexto de grave crisis económica y con el objetivo de fomentar la flexibilidad interna de la empresa ante la destrucción de empleo o cese de actividad productiva. Por otro lado, en cuanto a la CCNCC u órgano autonómico correspondiente, se señala que constituye un remedio subsidiario con el único objetivo de evitar el bloqueo entre las partes y cuya decisión o laudo arbitral puede ser controlada de pleno por los tribunales ordinarios.

Prioridad del convenio de empresa frente a los sectoriales

En cuanto a la nueva redacción del artículo 84.2 ET, por el cual se declara la “prioridad del convenio de empresa frente a los sectoriales”, en determinadas materias, pudiendo ser negociados en cualquier momento de la vigencia de los convenios de ámbito superior. También el TC se pronuncia al respecto en la STC 119/2014, de 16 de julio. Entiende que la descentralización de la negociación colectiva constituye un objetivo legítimo, atendiendo a las consideraciones de política social y económica. Y a la vista de los razonamientos de los recurrentes cuestionando la incidencia de tal medida, expone que, tal artículo no impone una determinada unidad de negociación, que no existe un modelo constitucional predeterminado de negociación colectiva y que la negociación colectiva sindical no tiene una prioridad absoluta sobre la negociación colectiva realizada por otros representantes de los trabajadores.

Despido colectivo por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción

El siguiente punto sobre “despido colectivo por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción”. El TC resuelve que no puede hablarse de un despido no causal o ad nutum, sino que en la adopción de una decisión extintiva se dota con la nueva redacción, de mayor objetividad y certidumbre al contenido de la decisión.

Posibilidad de percibir los salarios de tramitación únicamente en los supuestos en los que la empresa opta por la readmisión

Sobre “la posibilidad de percibir los salarios de tramitación únicamente en los supuestos en los que la empresa opta por la readmisión”, en relación al 56.2 ET, el TC se pronunció en el ATC 43/2014, de 12 de febrero. No vulnera el principio de igualdad que dicho derecho sea reconocido sólo al trabajador readmitido, el cual, debe entenderse que ha mantenido en todo momento en vigor su relación laboral con la empresa, y no ha prestado servicios efectivos por causa a él no imputable.

Suspensiones de contratos o reducciones de jornada por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción no aplicables a las Administraciones públicas y entidades de derecho público vinculadas o dependientes

La impugnación de la nueva disposición adicional 21ª del ET, por la que se determina que “las suspensiones de contratos o reducciones de jornada por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción no son de aplicación a las Administraciones públicas y entidades de derecho público vinculadas o dependientes”. Los recurrentes entienden producirse una diferencia de trato entre el personal laboral que presta servicios en la Administración Pública y el resto del personal sometido a la legislación laboral que vulneraría el principio de igualdad. El TC entiende que no puede admitirse como válida la comparación al tratarse de grupos o categorías personales diferentes.

Exclusión de la posibilidad de establecer cláusulas de jubilación forzosa en la negociación colectiva

Finalmente, el Tribunal Constitucional se pronuncia sobre la nueva redacción dada a la disposición adicional 10ª del ET, que “excluye de la negociación colectiva la posibilidad de establecer cláusulas de jubilación forzosa”. Entiende que la misma sirve al ejercicio del derecho individual al trabajo, a la protección del interés general subyacente, quedando justificada su incidencia en la libertad de estipulación de las partes. Expone así, que en modo alguno puede compararse la situación de los trabajadores que ven extinguidos sus contratos por jubilación con la de los trabajadores que son objeto de un despido colectivo.


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