Resumen jurisprudencia comentada julio 2015 a julio 2016 (V)

jueves 21 de julio de 2016

Y con el quinto resumen que muestra toda la jurisprudencia anual que ha sido comentada en este año en El Laboralista Digital nos vamos acercando al final. No te pierdas las últimas dos entregas, que serán la semana que viene, para completar esta anualidad jurisprudencial resumida que te hemos ofrecido este 2015-2016.

Esta publicación contiene las sentencias desde el 2 de febrero de hasta el 14 de abril de 2016. Como siempre, esperamos que resulte de vuestro interés y sea de utilidad.


02/02/2016. Orden por la que se desarrollan las normas legales de cotización a la Seguridad Social para 2016.

El BOE de 30 de enero de 2016, recoge la Orden ESS/70/2016, de 29 de enero, por la que se desarrolla lo dispuesto en los Presupuestos Generales del Estado para 2016, en cuanto a las normas legales de cotización a la Seguridad Social, desempleo, protección por cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional.


04/02/2016. Tributación de los cursos de formación impartidos por profesionales del derecho. Dirección General de Tributos, SG de Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas, consulta vinculante V3611-15.

El consultante pregunta cuál es la calificación de los rendimientos percibidos por dar clases de Derecho Procesal Laboral en unos cursos de formación en un Colegio Profesional, con el que no existe una relación laboral ni estatutaria.

Los cursos, conferencias, coloquios, seminarios y similares, serán rendimientos del trabajo los derivados de impartir cursos excepto cuando supongan la ordenación por cuenta propia de medios de producción y de recursos humanos. Así, lo importante para diferenciar las rentas como rendimientos de actividades económicas, es la existencia de ordenación por cuenta propia de factores productivos. Para ello, la DGT ha fijado la existencia de ordenación por cuenta propia, con carácter general, cuando:

  • El contribuyente intervenga como organizador de esos cursos ofreciéndolos al público y concertando con los profesores o cuando participe en los resultados.
  • El contribuyente ya viniera ejerciendo actividades económicas y participe en la impartición de las clases o cursos en materias relacionadas directamente con el objeto de su actividad.

En cuanto a los tipos de retención aplicables, serán diferentes los de rendimientos del trabajo que los de rendimientos de actividades económicas.

Respecto de las actividades económicas, si los cursos se imparten por cuenta propia y a título individual y personal deberá entenderse actividad profesional. Sin embargo, si la actividad de enseñanza se realizase disponiendo para ello de una organización empresarial propia será una actividad empresarial.

Y en cuanto al IVA, están sujetas las prestaciones de servicios realizadas por empresarios o profesionales en el desarrollo de su actividad empresarial o profesional. Así, cuando la enseñanza se imparta por quien tenga la condición de profesional, será necesario para su exención:

  • Que las clases sean impartidas por personas físicas.
  • Que las materias estén comprendidas en alguno de los planes de estudios de cualquier nivel y grado del sistema educativo español.
  • Que para ejercer dicha actividad, deba matricularse en un epígrafe correspondiente a la Sección Segunda de las Tarifas de Impuesto sobre Actividades Económicas, concretamente "Personal docente de enseñanzas diversas".

Y si la enseñanza se imparte por quien tenga la condición de empresario, deberá cumplirse:

  • Un requisito subjetivo: que las actividades sean realizadas por entidades de Derecho Público o entidades privadas autorizadas para el ejercicio de dichas actividades.
  • Un requisito objetivo: que sean servicios de enseñanza que versen sobre materias incluidas en planes de estudios del sistema educativo español.

09/02/2016. Resbalar en el aseo del trabajo, ¿accidente de trabajo con derecho a daños y perjuicios? Tribunal Superior de Justicia, Sala de lo Social. Sentencia de 14 de enero de 2016, recurso número 485/2015.

Una trabajadora sufrió accidente al entrar en los aseos de la empresa, los cuales acaban de ser limpiados ya que la entrada estaba obstaculizada con un carro de limpieza y el suelo podía estar húmedo. Como consecuencia de ello se resbaló y las secuelas del accidente de trabajo fueron tales que se declaró a la trabajadora en situación de invalidez permanente parcial para su profesión habitual. La empleada había recibido información y formación de riesgos y, en el momento del accidente, llevaba calzado antideslizante.

La trabajadora recurre en suplicación pidiendo cierta cantidad en concepto de daños y perjuicios derivados de accidente de trabajo. El TSJ responde según doctrina del TS de sentencia de 30 de junio de 2010 (rec. 4123/2008) y entiende que en este caso la única responsabilidad deriva inexcusablemente de la culpa o negligencia del agente y que, además, la responsabilidad de la empresa debe ser excluida en los supuestos de caso fortuito, fuerza mayor, culpa exclusiva de la víctima.

Añade que, aunque no pueda asegurarse si el resbalón se produjo por la humedad del suelo, el calzado u otra causa, sí resulta acreditado que solo a la trabajadora podía exigírsele en aquel momento la evitación del factor de riesgo, determinando que incurrió en un «gesto activo de optar» por el aseo cuyo uso se encontraba restringido en ese momento.

Y respecto de la empresa - que luego del accidente había colocado tiras antideslizantes en el suelo de los aseos – dice que si después de un siniestro esta decide mejorar los medios preventivos, tal actuación no puede volverse en su contra para devaluar su diligencia previa.


11/02/2016. Permiso por asuntos propios: concesión proporcional a la jornada de trabajo. Tribunal Supremo, Sala de lo Social. Sentencia de 1 de diciembre de 2015, recurso número 27/2015. Destacado

La empresa venía concediendo a los trabajadores a tiempo parcial (los de los fines de semana) 2 días de permiso por motivos particulares, mientras que a los trabajadores a jornada completa concedía hasta 3 días anuales.

Esto era sí en interpretación que hizo la Comisión Paritaria del Convenio Colectivo en relación a licencias retribuidas, entendiendo que debía distribuirse los días de forma proporcional según las jornadas.

Ante tal decisión, se interpuso demanda de conflicto colectivo al entender que los trabajadores a tiempo parcial (de fin de semana o en régimen de dos o tres días) deberían disfrutar de las mismas licencias retribuidas por asuntos propios que los trabajadores que prestan servicios a jornada completa.

Sin embargo, el TS resuelve la cuestión indicando que la interpretación del Convenio Colectivo realizada no afecta al derecho a la no discriminación de los trabajadores a tiempo parcial, pues la misma implica el equilibrio de los derechos de estos trabajadores en relación con los que el convenio otorga a quienes prestan servicios en jornada completa. Y, es más, el argumento de la representación sindical provocaría un resultado desfavorable para los trabajadores a tiempo completo.


17/02/2016. La demanda de revisión no se estableció para corregir sentencias supuestamente injustas sino para rescindir las ganadas injustamente. Tribunal Supremo, Sala de lo Social. Sentencia de 21 de enero de 2016, recurso número 24/2015.

Una trabajadora por cuenta ajena fue despedida por causas objetivas e interpuso demanda impugnando su despido por fraude cometido por la empleadora, pero el Juzgado de lo Social desestimó su demanda y consideró el despido procedente. Tras recurrir en suplicación el TSJ estimó parcialmente su recurso y declaró improcedente el despido.

Posteriormente interpuso demanda de revisión frente a la sentencia dictada por el TSJ por maquinación fraudulenta, basada en la existencia de fraude en las maniobras de la empresa empleadora, que dice desembocaron en el despido de la trabajadora, y ello apoyándose en la STS de 17 de febrero de 2014, que enjuicia un conjunto de extinciones contractuales similares a la suya.

El TS analiza el plazo de presentación de la demanda de revisión (art. 512 de la LEC) la cual se interpuso contra una sentencia dictada y publicada el 26 de septiembre de 2013, solicitándose la certificación de la misma el 9 de enero de 2015. Por lo que, de acuerdo al plazo de caducidad del artículo regulador, no cabe retrasar el día inicial del plazo trimestral al momento en que la parte dispone del certificado de la sentencia en que se basa la demanda.

Asimismo, si el fraude alegado ya servía de base en la demanda por despido, así como, en el recurso de suplicación, es evidente que ha transcurrido el plazo de 3 meses de caducidad. Por lo que, de uno u otro modo, no se cumplen los presupuestos procesales para que deba examinarse el fondo de la demanda de revisión.

Respecto de la maquinación como causa de revisión, esta se refiere a «si se hubiere ganado injustamente en virtud de cohecho, violencia o maquinación fraudulenta». Se trata de conductas dirigidas a provocar indefensión material de la contraparte, actuaciones insidiosas a las conductas enjuiciadas, no de carácter fraudulento de los hechos sobre los que se debate. Por lo que el escrito de revisión no tiene cabida en la causa legal alegada, al no referirse a conductas irregulares en el ámbito del proceso.

Por último, en cuanto a la STS citada como apoyo a la demanda, recuerda que no existe norma legal que imponga la prevalencia de una sentencia firme de la Sala Cuarta sobre otra anterior y también firme de cualquier órgano judicial, ni existe razón de clase alguna en la que se pueda fundar tal prevalencia.


23/02/2016. Modalidad de trabajo a distancia. ¿Cuándo podemos hablar de horas extraordinarias? Tribunal Superior de Justicia, Sala de lo Social. Sentencia de 3 de febrero de 2015, recurso número 2229/2015. Destacado

Una empresa fue condenada en el marco de un procedimiento judicial por despido de un trabajador, frente a la cual se levantó Acta de Infracción porque la jornada de los comerciales podía extenderse hasta 10 ó 12 horas al día, a lo que el representante de la empresa dijo que comerciales carecen de jornada establecida pues ellos mismos se organizan su actividad e indica que por ello no pueden existir horas extraordinarias.

La empresa recurrió en suplicación cuestionando el concepto de hora extraordinaria en aquellos casos en los que el trabajador realiza una parte del trabajo en su domicilio, en la modalidad de trabajo a distancia y mediante el uso de medios informáticos. Alega que el domicilio es un espacio protegido por el derecho a la intimidad y que por ello no puede efectuar un control sobre lo que hace el trabajador en el mismo.

El TSJ rechaza esos argumentos con base en lo siguiente:

  1. El tiempo de trabajo en el domicilio es tiempo de trabajo exactamente igual que el realizado fuera del mismo.
  2. El control del tiempo de trabajo es responsabilidad de la empresa, que debe igualmente registrar la jornada del trabajador día a día y totalizarla.
  3. El respeto de los límites de jornada y descansos forma parte del derecho del trabajador a la protección de su seguridad y salud, que es responsabilidad del empresario. Por lo que, aunque el trabajador preste su trabajo en su domicilio, corresponde a la empresa establecer las pautas necesarias sobre jornada y descansos.
  4. El derecho a la intimidad y la inviolabilidad del domicilio son derechos del trabajador que mora en él y no de la empresa, por lo que no pueden ser invocados por ésta en contra del trabajador.
  5. Asimismo, el control de la conexión del trabajador a la intranet empresarial y de su actividad en la red no supone en principio y en condiciones normales invasión del espacio protegido bajo el concepto de domicilio y además es susceptible de inspección y control por la Administración Laboral.

25/02/2016. Seguridad Social. Ya está disponible la Guía COTIZA 2016. Destacado

El manual COTIZA - Guía 2016 contiene información relativa a la cotización al Sistema de la Seguridad Social y está orientado a todos aquellos empresarios y profesionales que requieran de una información precisa.


01/03/2016. La coincidencia de señalamientos no asegura la suspensión de un juicio. Tribunal Supremo, Sala de lo Social. Sentencia de 9 de diciembre de 2015, recurso número 94/2015. Destacado

El letrado de la parte demandada pide al TSJ la suspensión de una vista sobre Conflicto Colectivo por coincidirle con otro procedimiento de despido cuyo señalamiento era anterior.

El TSJ dictó providencia donde indicaba «No ha lugar a suspender porque no se acredita debidamente la imposibilidad de que el Letrado solicitante sea sustituido por otro de los que figuran en el poder. Tampoco procede tomar nota del calendario de señalamiento que cita porque la Sala no puede someterse a calendarios particulares de los Letrados».

El letrado recurrió denunciando quebrantamiento de las formas esenciales del juicio y de las que rigen los actos y garantías procesales, causando indefensión a la parte. El TS responde razonando que para la suspensión del acto del juicio es preciso que concurran «motivos justificados» y que se acrediten ante el Secretario Judicial. La coincidencia con otro señalamiento es motivo justificado solo si no es posible la sustitución dentro de la misma representación o defensa. Y en este caso en el poder presentado figuraban otros dos letrados de los que nada se indica sobre su disponibilidad. Así, el letrado tendría que haber acreditado que dichos letrados no prestaban servicios como letrados para la demandada.

Por último, indica que la acreditación a posteriori de tal dato no es procedente, pues no se trata de una circunstancia sobrevenida o imposible de acreditar en el momento de pedir la suspensión. Y, en base a lo expuesto, declara que la resolución de no suspensión del acto del juicio es ajustada a derecho.


03/03/2016. Rescatar el importe de un plan de pensiones no conlleva la extinción del subsidio por desempleo. Tribunal Supremo, Sala de lo Social. Sentencia de 3 de febrero de 2016, recurso número 2576/2014.

La trabajadora tenía reconocido el subsidio por desempleo para mayores de 52 años con efectos desde 2006 hasta 2017. En enero de 2007 rescató un plan de pensiones, el cual declaró a Hacienda en el momento de efectuar la declaración del IRPF de 2007. En 2008, el INEM declaró extinguido el derecho de la mujer a cobrar dicho subsidio al haber obtenido rentas en cómputo mensual superiores al 75% del SMI, tras haber rescatado el plan de pensiones.

Tras recurrir judicialmente las resoluciones del INEM, el Juzgado de lo Social y el TSJ dieron la razón a la trabajadora y declararon no ajustada a derecho la extinción del subsidio.

El SPEE recurrió en casación para la unificación de doctrina, alegando que en un caso similar donde un perceptor del subsidio rescató un plan de pensiones, el TSJ había considerado ajustado a derecho que se extinguiese su derecho por no comunicar a la entidad gestora el rescate del plan. Pero el Pleno de la Sala Social del TS rectifica esa doctrina y rechaza dejar sin subsidio por desempleo a la mujer, por rescatar el importe de un plan de pensiones.

La sentencia destaca que «en realidad, con el rescate del plan de pensiones, la actora no ha ingresado en su patrimonio nada que no tuviera ya, ha sustituido un elemento patrimonial (el plan de pensiones) por otro (el dinero obtenido por el rescate de dicho plan) siendo lo único relevante a los efectos ahora examinados la ganancia, plusvalía o rendimiento que le haya podido reportar el citado plan». Por lo que resuelve no tener cabida la imputación como renta o ingreso del importe total de un plan de pensiones.


09/03/2016. Incapacidad temporal, extinción por no acudir al reconocimiento médico. Tribunal Supremo, Sala de lo Social. Sentencia de 22 de enero de 2016, recurso número 2039/2014. Destacado

Un trabajador autónomo causó baja médica el 14 de diciembre de 2012 e inició proceso de incapacidad temporal por contingencia de enfermedad común cuya cobertura se encontraba concertada con una Mutua.

La Mutua le citó a través de burofax de fecha 20 de diciembre de 2012 para reconocimiento médico el 31 de diciembre de 2012. No pudiendo ser entregado en el domicilio del trabajador, le fue dejado aviso por el Servicio de Correos que fue recogido el 10 de enero de 2013. el 2 de enero de 2013 la Mutua dictó resolución acordando extinguir desde el 31 de diciembre de 2012 el derecho al subsidio. El trabajador presentó escrito el 21 de enero de 2013 en la Mutua indicando que no acudió a la cita al recoger el aviso en fecha posterior a la misma porque su situación médica y física se lo impedía. La Mutua confirmó la resolución adoptada, por lo que, el trabajador la demandó.

El Juzgado de lo Social consideró que se trataba de una incomparecencia injustificada pero el TSJ entendió que no puede tacharse de negligencia al trabajador.

La Mutua recurre en casación y el Tribunal TS dice que el derecho al subsidio de incapacidad temporal se extinguirá en los casos de incomparecencia injustificada del beneficiario (artículo 131 bis, 1 de la LGSS). Y analizando la conducta del beneficiario debe hablarse de pasividad rozando «una negligencia omisiva», pues recogió el aviso pero la comunicación a la Mutua se hizo con enorme demora. Así, no justificándose tal conducta y por razones de seguridad jurídica, el TS estima el recurso y considera que se trata de una incomparecencia injustificada.


10/03/2016. Ya está disponible la tramitación electrónica automatizada de los procedimientos de gestión de las prestaciones de la Seguridad Social. Destacado

El Instituto Nacional de la Seguridad Social podrá tramitar, adoptar y notificar resoluciones de forma automatizada en los siguientes procedimientos:

  1. Solicitudes de prestaciones por maternidad y por paternidad.
  2. Solicitudes de pensiones de jubilación.
  3. Solicitudes de prestaciones por muerte y supervivencia.
  4. El reconocimiento de la condición de persona asegurada o beneficiaria a efectos de asistencia sanitaria con cargo a fondos públicos, a través del Sistema Nacional de Salud.
  5. Otros procedimientos que puedan dar lugar a la adopción de resoluciones de forma automatizada relacionados con cualquiera de las citadas prestaciones, incluidas las de modificación, suspensión o extinción del derecho a las mismas.

La tramitación electrónica automatizada solo será posible cuando el procedimiento no exija la aportación física de documentos por parte del interesado.


06/04/2016. Nulidad del Convenio por falta de legitimación en la negociación. Sólo participaron los comités de Baleares y Almería y no los de toda la empresa. Tribunal Supremo, Sala de lo Social. Sentencia de 18 de Febrero de 2016, recurso número 93/2015.

Hechos. Se presentó demanda de impugnación de Convenio Colectivo de empresa solicitando su total nulidad por haber sido negociado por una comisión irregularmente constituida.

La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, dictó sentencia estimando la demanda de impugnación de convenio y anulaba totalmente el convenio colectivo de la empresa. Contra dicha sentencia la empresa interpuso recurso de Casación que fue desestimado por la Sala Social del TS, en aplicación de la consolidada jurisprudencia de esa Sala, por una parte, sobre la triple legitimación para negociar los convenios colectivos estatutarios, por otra, en cuanto al momento en que ha de existir y probarse la legitimación y, finalmente, respecto a la ineludible e insubsanable exigencia del principio de correspondencia entre la representación social y el ámbito del convenio colectivo.

Para que el convenio colectivo tenga la naturaleza estatutaria y el carácter de norma jurídica de afectación general tiene que haber sido negociado cumpliendo las exigencias contenidas sobre la negociación colectiva en el Título III del Estatuto de los Trabajadores.

Las legitimaciones inicial, deliberativa y plena o decisoria, constituyen requisitos sucesivos y acumulativos de ineludible cumplimento.


08/04/2016. Publicada por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social la Guía de la Negociación Colectiva 2016.

Ya tenemos disponible esta guía la web del Ministerio, en la versión revisada del año 2016.

En ella se explica de manera clara y precisa, por el Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia, TOMÁS SALA FRANCO, qué es la Negociación Colectiva en España.

Además la guía incluye la normativa aplicable, expone los tipos de convenios y los diversos acuerdos, nos facilita una serie de recomendaciones en materia de buenas prácticas e incorpora un práctico modelo esquemático de estructura de Convenio Colectivo.

Se puede consultar en este enlace.


12/04/2016. El Tribunal Supremo confirma que la pensión de viudedad únicamente corresponde a las «parejas de derecho» y no a las genuinas «parejas de hecho». Tribunal Supremo, Sala de lo Social. Sentencia de 23 de Febrero de 2016, recurso número 3271/2014. Ponente: Antonio V. Sempere Navarro. Destacado

El actor y su pareja compartían el mismo domicilio, según consta en el padrón municipal de Madrid y eran titulares de un Libro de Familia expedido por el Registro Civil, en el que constaban ambos, junto con su hija común. Pero no se habían constituido como pareja por lo que, al fallecer la pareja del acto, el INSS deniega la pensión de viudedad.

El TSJ estimó el recurso y declaró el derecho del actor a la pensión de viudedad que solicitaba. El INSS interpuso recurso de casación para la unificación de doctrina que fue admitido y estimado.

La cuestión suscitada no es nueva y la doctrina jurisprudencial se confirma en esta sentencia buscando seguridad jurídica e igualdad en la aplicación de la ley. Se base en los siguientes criterios:

  • Deben concurrir los requisitos legales de «existencia de pareja de hecho» y de «convivencia estable y notoria», para el reconocimiento del derecho a pensión a favor del sobreviviente.
  • Para la «existencia de pareja de hecho» debe acreditarse «inscripción en registro específico» de parejas de hecho mediante el documento público donde conste la constitución de la pareja.

En este sentido queda clara la voluntad de la ley que es limitar la atribución de la pensión a las parejas de hecho regularizadas. Concluye la Sala que la pensión de viudedad que la norma establece no es en favor de todas las parejas «de hecho» con 5 años de convivencia acreditada, sino en exclusivo beneficio de las parejas de hecho «registradas» cuando menos dos años antes y que asimismo cumplan aquel requisito de convivencia.


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