Una gestión incorrecta de la incapacidad permanente, por parte de la empresa, puede derivar en el abono de indemnización por despido

martes 19 de abril de 2016
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Tribunal Supremo, Sala de lo Social. Sentencia de 23 de Febrero de 2016, recurso número 2271/2014 Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA.

La Sala estima el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto, a instancia de una Trabajadora, casando y anulando la sentencia recurrida, estimando el recurso y excluyendo el derecho del empresario a optar por la readmisión.

Los hechos a tener en cuenta: Trabajadora con contrato indefinido, a tiempo parcial, con categoría profesional de limpiadora.

Inicia un proceso de IT, siendo dada de alta por la Inspección médica.

Inicia nuevo proceso de IT, acordando el INSS reconocer la prórroga de la IT por un plazo máximo de 180 días, al haber agotado la duración máxima de 365 días.

La empresa le dio de baja en la TGSS.

La Trabajadora fue declarada en situación de IPT por resolución del INSS constando en la misma plazo, a partir del cual puede procederse a la revisión por agravación o mejoría.

La Trabajadora formula demanda de Despido contra la empresa y ésta fue desestimada.

Recurre en suplicación y la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía dicta sentencia estimando el recurso formulado, declarando como despido improcedente el cese de la actora, condenando a la empresa a que, en plazo de cinco días, a contar desde la notificación de la sentencia, optase entre la readmisión de la trabajadora en las mismas condiciones que regían antes de producirse el despido, una vez se produjese el plazo de revisión para verificar agravación o mejoría en su situación de IP Total después declarada o, si optaba por la extinción, le abonase una indemnización, entendiéndose que, caso de no efectuar la opción, optaba por la primera.

La sentencia entendía que la conducta empresarial entrañaba un auténtico despido ya que le dieron de baja ante la TGSS y le liquidaron las diferencias salariales cuando lo que procedía era, tras el agotamiento del plazo, o bien permitirle la reincorporación a su puesto de trabajo, si su estado físico lo permitía, o mantener en suspenso el contrato, de no existir capacidad física para su desempeño, con exoneración del deber de cotización, o proceder a un despido disciplinario por ausencias injustificadas.

En consecuencia, el despido debía ser declarado improcedente, con opción a la empresa entre readmisión o indemnización, sin que procediese acordar la extinción indemnizada del contrato ya que, al preverse plazo de revisión para verificar agravación o mejoría en su estado de IP Total, el INSS consideraba que existía la posibilidad de que recuperase capacidad para volver a desempeñar su profesión, con lo que se trataba de un supuesto especial de suspensión del contrato por dos años, previsto en el artículo 48.2 ET.

Contra dicha sentencia se interpuso recurso de Casación para la Unificación de Doctrina, por parte de la Trabajadora, aportando como sentencia contradictoria, la dictada por esta Sala de lo Social del Tribunal Supremo el 28 de enero de 2013, recurso número 149/2012.

La argumentación que sustenta el fallo final se basó en la doctrina seguida por la Sala en supuestos de idéntica imposibilidad readmisoria sobrevenida y que establece que en la solución a las posibles lagunas deben ser los principios generales del Derecho los que resuelvan el dilema, muy singularmente los que informan el propio Derecho del Trabajo.

Por todo ello, siendo el supuesto objeto de debate el hecho de que la declaración de IPT posterior al despido hizo inviable la posibilidad de readmitir a la trabajadora, el único término admisible de condena no era ya la opción -readmitir o indemnizar- que con carácter general contempla el Estatuto, sino que había de imponerse al empresario la única obligación que tras la declaración de IPT resultaba factible, la de indemnizar en los términos legales a la empleada despedida.

La Sala, de manera constructiva intenta resumir a modo de moraleja que «lo que ha sucedido ha sido consecuencia de decisiones adoptadas -quizá con alguna precipitación o falta de previsión- por la propia demandada, cuyas consecuencias debe padecer ahora sin que pueda acogerse su alegación, meramente hipotética, de que si hubiera habido en su momento una extinción por incapacidad permanente, no hubiera abonado indemnización por despido».


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